LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

El avance tecnológico acelerado ha abierto las puertas a un tema que creíamos de ciencia ficción pero que en la actualidad es una realidad cotidiana en varios aspectos de nuestras vidas; la inteligencia artificial.

Sin darnos cuenta, la inteligencia artificial se utiliza cada vez más por industrias, personas y gobiernos, tanto para facilitar procesos, como ayudarnos con nuestro entendimiento del mundo como lo conocemos. 

Es por tanto que resulta interesante el análisis de cómo es que esta inteligencia artificial puede impactar en la vida jurídica de los usuarios en México, desde una visión de un derecho positivo, aún sin que exista regulación específica sobre el tema, su implementación en sectores tales como la recaudación de impuestos puede tener influencia en los derechos y las obligaciones de la base contributiva del país. 

En ese sentido, resulta imperativo abordar el estudio de su uso desde una perspectiva de implementación y aprovechamiento interdisciplinario, dado que, para que esto sea una realidad en nuestro país deben converger los sistemas informáticos, la programación, la ciberseguridad, el derecho fiscal, la protección de datos personales, el derecho administrativo, así como la implementación y uso de las mejores prácticas internacionales y los estándares éticos y morales del uso de la inteligencia artificial. 

Es por tanto relevante traer al estudio la definición formal que aporta la RAE para IA, la cual lo define como "una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”. 

Ahora bien, para que la IA, sea capaz de realizar esas operaciones comparables a las que realiza la mente humana, esta se debe de alimentar con datos específicos que, en conjunto con los algoritmos correctos, le permitan realizar el análisis necesario para simular este entendimiento e interacción de tipo humano y es ahí donde entra otro concepto de gran importancia que es el Big Data, que no es otra cosa que, el gran volumen de datos, el cual crece de manera exponencial con el paso del tiempo. 

En materia tributaria, este elemento es de gran importancia, dado el gran volumen de contribuyentes activos que se encuentran en todo el país, generando información a cada segundo de impuestos directos e indirectos, facturación, deducibilidad, etc. 

La gran ventaja es que, la correcta implementación de los sistemas y algoritmos de programación de una inteligencia artificial, de la mano con una correcta política fiscal, puede dar como resultado que sean los mismos contribuyentes los que estén alimentando este big data y que esta a su vez este en constante comunicación con la IA, alimentándola y entrenándola de manera autosuficiente y autopoiética. 

De esta manera, la IA puede analizar de manera autónoma segmentar a los contribuyentes según características similares, lo que ayuda a orientar campañas de sensibilización y compliance fiscal hacia grupos específicos que podrían beneficiarse de la educación fiscal o cumplir de manera más efectiva con sus obligaciones. 

Del mismo modo, podría identificar fácilmente las discrepancias fiscales de personas físicas y morales mediante el análisis de su comportamiento financiero, y con ello reducir o evitar la evasión fiscal o el uso de herramientas contrarias a la legislación como parte de “estrategias fiscales”, en contra del erario. 

También permitiría una correcta clasificación de conductas antijurídicas en la práctica tributaria, pudiendo identificar y clasificar conductas de elusión o evasión fiscal con facilidad, lo cual no significa que la IA pueda suplir la actividad jurídica en la imputación de conductas, sino que será auxiliar en la identificación de anomalías, quedando en potestad de los operadores jurídicos la acción legal que corresponda. 

Del mismo modo, se eficientarían los procesos de auditoría que son esenciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero este puede ser laborioso y propenso a errores humanos, por lo que el uso de la IA puede ayudar a automatizar gran parte de este proceso, permitiendo que los sistemas del SAT realicen auditorías de manera más rápida y precisa. 

La aplicación de la IA también puede contribuir a la lucha contra la informalidad económica, un desafío importante en nuestro país, al permitir una mayor trazabilidad de las transacciones económicas y facilitar la integración de más contribuyentes al sistema fiscal formal.

Sin embargo, a pesar de que esto suena atractivo a nivel técnico, no podemos dejar de lado que, en nuestro país el gobierno nunca se ha caracterizado por ser impecable en la implementación de nuevas tecnologías. 

Lo anterior derivado del sistema adquisitivo y de compras del estado que se basa en concursos, a veces arreglados, siempre con sobre precio que significan procesos largos, requisitos engorrosos y costos elevados a manos de personas que no siempre entienden la finalidad última de la propuesta. 

Aunado a un ya deficiente marco normativo que, se caracteriza por pasar a destajo las disposiciones legales que aseguren la correcta implementación y estudio fenomenológico que esto representa. 

Para que esto sea benéfico para los gobernados, es necesario abordar la conversación a profundidad, con especialistas en la materia, crear todo el marco legal aplicable al mismo, desde la protección de garantías en la constitución, pasando por la creación de ordenamientos completos que contemplen la operación y finalidades de la utilización de la tecnología, sus alcances y limitaciones, incluso contemplando los posibles conflictos que surjan en la parte adjetiva y cotidiana. 

La creación de una institución que opere, vigile y mejore constantemente la aplicación de la IA, cree las políticas aplicativas, tanto para servidores públicos como para el público en general, incluso para ampliar su aplicación en otros rubros de derecho público, en beneficio de la población. 

Aunque la IA es una tecnología que ya se usa a diario por diversos sectores, aún estamos a años luz de que se pueda implementar al nivel que se plantea en este artículo, dado que no se ha logrado disminuir la brecha digital en el territorio nacional, aunado a la burocracia interinstitucional mencionada con anterioridad. 

Sin embargo, pese a que el panorama pueda parecer pedregoso al principio, el que el gobierno este dando sus pininos en la exploración de la implementación de la tecnología puede abrir la oportunidad a que, en un futuro, se utilice la tecnología en favor de la recaudación y por ende de todos los habitantes del país.